«[…] la revisión (del plan local de residuos) no es más que el producto de la obtusa negativa del equipo de gobierno y del concejal responsable, Sr. Villar, de hacer oídos sordos al decreto 55/19; a las decenas de alegaciones y a la ley estatal 7/2022»
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CAL, 9 de enero de 2023
Tras meses de trabajo y de espera, la presidenta del Comité PETI (comité de peticiones) del Parlamento Europeo, D.ª Dolors Montserrat, ha comunicado formalmente a la CAL, que una vez realizado el preceptivo examen, la petición de la CAL ha sido declarada «admisible […] en los ámbitos de actuación de la Unión Europea. Por ello, ha pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto.»
La CAL valora muy positivamente que se analice e investigue la petición presentada, en la que se solicitaba que el Parlamento europeo exigiera al Ayuntamiento de Alicante la revisión y corrección de los puntos del Plan local que contravienen la legislación autonómica y europea en materia de gestión de residuos.
Dicha petición fue entregada en mano al alcalde, Sr. Barcala, tras la finalización de la intervención de la CAL en el Pleno del pasado día 22 de diciembre, acompañando la declaración institucional (punto II-5.4.) presentada por los grupos progresistas de la oposición.
Hay que señalar que el plan local se aprobó (BOP N.º 59 de 25 de marzo de 2022) antes de la publicación de la Ley estatal 7/2022 de gestión de los residuos, cuyo contenido se conocía en su totalidad desde el mes de diciembre de 2021 y, aun así, no se hizo el menor esfuerzo por adaptar el plan a lo señalado por la ley.
Esta forma de actuar del gobierno municipal de Alicante, presidido por D. Luis Barcala, no es más que otra irresponsabilidad al retrasar lo ineludible, pues a la ley estatal se suma ahora la autonómica (Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana) y ello conlleva no solo un trabajo, que habrá que volver a abonar a la empresa (recordemos que ya se pagó la nada despreciable cantidad de más de 130 000 euros solo por la redacción del mismo), sino sobrecostes medioambientales, actuales y futuros, de los que deberían pedirse responsabilidades, pues cada día que pasa sin una gestión adecuada de los residuos supone más contaminación y una mayor dificultad en lograr los porcentajes de separación y posterior reciclaje que establece la ley.
Por ello, habrá que preguntar al consistorio del Sr. Barcala, cuánto le costará a la ciudadanía la redacción final del plan local, cuya revisión no es más que el producto de la obtusa negativa del equipo de gobierno y del concejal responsable, Sr. Villar, de hacer oídos sordos al decreto 55/19 de la Generalitat; a las decenas de alegaciones presentadas y, finalmente, a la ley estatal 7/2022.
Coordinadora Alicante Limpia