Coordinadora Alicante Limpia. Nota de prensa publicada en el diario digital elperiodic.com el 24 de marzo de 2023, cuyo texto íntegro reproducimos a continuación:
Para Rafa Mas, candidato a la alcaldía de Alicante «parece mentira que el alcalde o el concejal de medio Ambiente sean abogados. Alicante está rozando la ilegalidad en el tratamiento de residuos. Ya lo advirtió la coordinadora Alicante Limpia que fue a Europa a denunciarlo. Ya lo advertimos a la Generalitat, la cual ha llevado a cabo una inspección concluyendo, según la Conselleria de Transición Ecológica, que el vertedero de Alicante es, a nivel de infraestructuras, la peor planta de la Comunidad, y requiere de obras necesarias para adecuarse a la normativa nacional y la europea». Por tanto, advierte Mas «con el nuevo impuesto del Gobierno Central a aplicar ya en 2023, se penaliza la falta de reciclaje de los residuos generados por los municipios con 30 euros por cada tonelada de basuras que termine en el vertedero. En el caso de nuestra ciudad, la Dirección General estima que podría tratarse de unas 100.000 toneladas anuales, es decir, tres millones de euros».
Esta denuncia de Compromís y la CAL se produce tras la inspección llevada a cabo por la Generalitat a la planta de Fontcalent, por la Conselleria de Transición ecológica. «La CAL apoya la iniciativa de Compromís de solicitar una auditoría del contrato de limpieza y gestión de los residuos, que se elevará en el pleno del 30 de marzo, una reivindicación histórica de los colectivos y asociaciones vecinales. Esta iniciativa se suma a la denuncia presentada por la CAL ante el Parlamento Europeo para poner de manifiesto los incumplimientos legales del Plan local de residuos que no soluciona la recogida selectiva, siendo el elemento principal para que la gestión de los residuos sea eficaz, independientemente de la tecnología punta que se instale en el centro de tratamiento».
«Queremos recordar que Compromís Alacant y la CAL hace dos meses mantuvimos una reunión con la consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Joan Piquer, para denunciar la pésima gestión de la planta de tratamiento y la negligente gestión del gobierno de Barcala en la gestión de residuos. ¿Por qué? Porque si los materiales que llegan al CETRA no poseen la calidad necesaria para su reciclaje y valorización terminan en el vertedero».
«La nefasta gestión de los residuos, realizada por el equipo de gobierno actual, ha llevado a la pérdida de millones de euros pues la separación de la materia orgánica debidamente tratada, mediante la fermentación de esos residuos y en ausencia de oxígeno, genera un gas combustible llamado biogás, el cual se puede utilizar, como ya se hace en las plantas de muchas ciudades, para alimentar a los generadores para producir electricidad. El biogás está compuesto por metano (20 veces más tóxico que el dióxido de carbono) que, de este modo, no se lanzan a la atmósfera, ayudando a frenar el cambio climático, pues bien es sabido que estos gases provocan efecto invernadero».
«A esto hay que sumar los 3 millones de euros anunciados por el director general, Joan Piquer, que Alicante tendrá que abonar por la mala gestión de los residuos en aplicación de la normativa vigente que penaliza a los entes responsables por no reciclar, en este caso al Ayuntamiento de alicante, cuya factura pagaremos la ciudadanía».
Desde Compromís Alacant y la Coordinadora Alicante Limpia (CAL) «advertimos que se está incumpliendo de forma sistemática la ley de Gestión de Residuos y Suelos Contaminados (autonómica y Estatal) y los pliegos del contrato que el Ayuntamiento tiene prorrogado con la UTE de Alicante, lo cual nos está suponiendo un gran coste ambiental y económico».
En palabras de Rafa Mas, «no podemos seguir con unas instalaciones del siglo pasado, que no se han modernizado y no están adaptadas a las normativas estatal y europea. No podemos seguir con un modelo de gestión que no avanza en la mejora de la separación y el tratamiento de residuos, no podemos seguir con un PP que nos sale tan caro a la ciudad en términos ambientales, sociales y económicos, ya que tendremos que pagar millones de euros por hacer las cosas rematadamente mal y tolerar a los responsables de la UTE, entre ellos el Señor Ortiz, que gestionen sin control la peor planta de residuos de toda la Comunitat Autónoma Valenciana».