SOBRE LA TASA DE BASURA*
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CAL, 10 de diciembre de 2025
“La CAL no entiende el empecinamiento del Sr. Barcala en decir cosas que no son.”
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El martes día 9 nos despertamos con la noticia, publicada por el Información, de que el gobierno de Barcala ya está haciendo campaña electoral, la cual basa no en sus logros como gobierno, sino en la mentira más burda sobre la tasa de basuras.
Veamos. Según el Información, en la carpa que montó el Partido Popular se repartieron flyers en los que “se señalaba directamente al Gobierno de España por la subida del recibo: ‘Lo impone Sánchez, lo pagas tú’.”
Si esta afirmación es cierta, ¿cómo es que la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basura la firma el alcalde de Alicante y no el presidente del gobierno de España?
Para aclarar conceptos: si no existiera una ordenanza fiscal la tasa de basura no se podría cobrar porque la ordenanza es la normativa que establece quién, cuándo y en base a qué criterios se debe pagar la tasa de basuras.
Hasta donde sabemos, si la orden viniera del Gobierno de España afectaría a todos y cada uno de los ayuntamientos y la normativa correspondiente estaría publicada en el Boletín oficial del Estado (BOE) y no en el de la provincia (BOP).
Desde 2018, el equipo de gobierno del Sr. Barcala sabe que tendríamos que pagar el precio total del importe del servicio por la recogida, el transporte y la gestión de los residuos. ¿Por qué lo sabe, o lo debería de saber si leyera la normativa europea? Porque, pese a lo que aducen los negacionistas, en ese mismo año el Parlamento europeo aprobó una directiva en la que ya se establecía que sería de obligado cumplimiento en nuestro país.
Y eso, ¿por qué?
Porque cuando eres miembro de un club, y España es miembro de la Unión Europea, tienes que acatar las normas. Esta membresía obliga a todos los miembros a trasponer a la legislación nacional las directivas de la UE.
En el caso que nos ocupa, la Directiva (UE) 2018/851, que se aprobó el 30 de mayo de 2018 (que no es una normativa nueva, sino que modifica la anterior Directiva (2008/98/CE) sobre residuos con el afán de mejorarla) se traspone a la legislación española en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Y no solo eso, sino que, por la organización territorial de nuestro país, también se traspone a las legislaciones de las distintas comunicades autónomas. En el caso de la Comunidad Valenciana hablamos de la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana.
Siendo esto así, ¿por qué el alcalde, Sr. Barcala, el nuevo concejal de limpieza, Sr. Alemañ, y el vicealcalde, Sr. Villar, lo niegan sin dar un solo argumento?
Muy sencillo: porque aun teniendo desde 2018 o, siendo generosos, desde abril de 2022 (cuando la directiva europea se traspone a la legislación nacional) para estudiar, analizar y redactar una tasa de basura justa, que cumpliera el principal objetivo de la normativa: QUIEN CONTAMINA PAGA; una tasa que se ajustara a los criterios lógicos de lo que es una tasa: el pago por un servicio,
