CAL, 22 de octubre de 2021
(Este informe es @copyleft siempre y cuando se cite la fuente)
Sobre la encuesta llevada a cabo por el Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR) respecto a la percepción de los servicios de limpieza, recogida de residuos, agua, transporte y parques y jardines en las cuatro ciudades más importantes de la Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Elche y Valencia) que se presentó a bombo y platillo en el hotel Meliá Alicante el pasado 4 de octubre, y que dejó perplejos tanto a los grupos de la oposición como a los medios de comunicación, tenemos más datos gracias a un informe publicado por el propio Observatorio, que puede leerse a continuación:
Hemos pedido a profesionales de la Sociología dedicados a los estudios de mercado que analizaran este informe y sus conclusiones son las siguientes:
· La metodología del estudio de OSUR, es decir, realizar una serie de preguntas por teléfono (fijo y móvil), no solo está obsoleta sino que las grandes empresas de estudios de mercado la descartan absolutamente.
· Solo por el motivo antes señalado los resultados del estudio pierden totalmente su validez. Utilizar una metodología anticuada lleva a resultados erróneos; sería el equivalente a estudiar una bacteria con el microscopio que construyó Galileo.
¿Por qué ya no se realizan encuestas telefónicas?
- Porque más de la mitad de los hogares en nuestro país no disponen de línea fija o no la utilizan.
- Porque para utilizar la telefonía móvil es necesario disponer de bases de datos actualizadas y legales, cuestión compleja debido a que el porcentaje de población que permite que sus datos formen parte de una base de datos de líneas telefónicas es muy escaso.
¿Qué métodos se pueden implementar para conocer la satisfacción ciudadana?
- Lo que actualmente hacen las empresas de estudios de mercado es analizar las redes sociales y los comentarios en internet, y realizar entrevistas cualitativas a las personas implicadas en el área que se pretenda analizar: trabajadoras y trabajadores, técnicas y técnicos, inspectoras e inspectores; a representantes de las asociaciones relacionadas con el tema a tratar, y al propio vecindario.
- Incluso existe la posibilidad, recogida en el Reglamento de participación ciudadana, de realizar una consulta popular que, además, aporta la fiabilidad de que, quienes participan en ella deben, gozar “del derecho de sufragio activo“.
Por todo lo anterior, los resultados del estudio llevado a cabo por OSUR sugieren que no son sino una sutil campaña de propaganda del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante para limpiar su imagen; un equipo de gobierno más preocupado por conservar su puesto que por trabajar por la ciudad, a la vista de las fotos que diariamente inundan las redes sociales.
Si el equipo de gobierno de D. Luís Barcala, junto con el responsable de la Concejalía de Medio Ambiente, D. Manuel Villar, y con el responsable del SAIC, D. Antonio Peral, desean de verdad conocer el grado de satisfacción ciudadana les apremiamos a que la Comisión de sugerencias y reclamaciones analice cuáles son las mayores quejas de la ciudadanía.
La CAL tiene constancia de las muchas instancias presentadas por la ciudadanía respecto a la lamentable situación de desidia y suciedad de la ciudad que vivimos a diario, pero esas instancias, quejas formales, ni se han estudiado ni se han respondido debidamente, y no se ha tomado ni una sola medida para reparar el daño.
Por todo lo anterior, recordamos a este equipo de gobierno que ha de cumplir la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), la cual señala en su exposición de motivos que:
“[…] El artículo 45 de la Constitución configura el medio ambiente como un bien jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que comparten los poderes públicos y la sociedad en su conjunto. Todos tienen el derecho a exigir a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección del medio ambiente, para disfrutar del derecho a vivir en un medio ambiente sano. Correlativamente, impone a todos la obligación de preservar y respetar ese mismo medio ambiente. Para que los ciudadanos, individual o colectivamente, puedan participar en esa tarea de protección de forma real y efectiva, resulta necesario disponer de los medios instrumentales adecuados, cobrando hoy especial significación la participación en el proceso de toma de decisiones públicas. […] participación que con carácter general consagra el artículo 9.2 de la Constitución […]. En esta línea, debe destacarse el Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.”
La ciudadanía no merece vivir en un estercolero en el que niños y ratas conviven, como hemos visto este año en muchos barrios
La ciudadanía tiene derecho a exigir vivir en una ciudad limpia, amable, verde y sostenible, propia del siglo XXI, y los poderes públicos el deber, establecido por Ley, de proporcionárselo.
La ciudadanía, por ley, tiene el derecho a exigir que el gobierno local actúe e implemente las medidas necesarias para poder vivir en una ciudad limpia:
- Aumento del número de inspectores de limpieza
- Incremento de las instrucciones y motivaciones respecto de las tareas que deben cumplir
- Control real del trabajo realizado por la UTE
- Policía local, pedestre y con instrucciones y motivaciones respecto a la exigencia del cumplimiento efectivo de las ordenanzas municipales, en todos y cada uno de los barrios de la ciudad
- Campañas educativas y multas ejemplarizantes para reducir el número de residuos que, con el beneplácito de ese equipo de gobierno, inunda a diario nuestra ciudad.